El Gobierno dio un nuevo paso en su estrategia de retiro del Estado del sector energético. Tras definir que dejará de intervenir directamente en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), la licitación para delegar esa tarea en manos privadas ya empezó a tomar forma: Energía Argentina (Enarsa) confirmó la recepción de dos ofertas técnicas para cubrir el abastecimiento durante el invierno de 2026.

Se trata de la primera fase del proceso, centrada en la evaluación de antecedentes y capacidad operativa de los interesados. El cronograma oficial establece la apertura de las propuestas económicas para el 13 de abril y la adjudicación definitiva para el 21 del mismo mes.

La iniciativa apunta a seleccionar a un único operador que se encargará de todo el circuito: importar el GNL, procesarlo en la terminal de Escobar y colocarlo en el mercado interno en los meses de mayor consumo. La medida forma parte de un esquema más amplio de transferencia de funciones al sector privado, en línea con la política de desregulación impulsada por la administración nacional.

En paralelo, la Secretaría de Energía avanzará el 10 de abril con la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la firma que controla a Transener, principal operadora de la red de alta tensión del país.

El retiro estatal de la importación de GNL había sido oficializado en febrero mediante la Resolución 33/2026, que redefinió el esquema de abastecimiento para los meses críticos, cuando la producción local no alcanza a cubrir la demanda. Bajo el nuevo modelo, el operador privado asumirá la coordinación logística, la gestión de inventarios y el funcionamiento de la planta regasificadora.

El contrato tendrá vigencia anual, entre abril y septiembre, y se adjudicará en función del menor costo de importación, tomando como referencia los precios internacionales más los gastos logísticos. Además, se fijará un tope para el valor del gas en el mercado local.

Hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores internacionales —entre 15 y 17 dólares por millón de BTU— y lo vendía en el mercado interno a precios fuertemente subsidiados, absorbiendo la diferencia. Con el nuevo esquema, ese rol desaparece: la operatoria y el riesgo comercial quedarán en manos privadas.

La decisión responde, en parte, a las limitaciones en la infraestructura de transporte de gas desde las cuencas productoras hacia los grandes centros de consumo, como el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.

En ese mismo camino de reducción del peso estatal, el Gobierno impulsa la privatización de Transener. El proceso, lanzado a fines del año pasado mediante un concurso público abierto a inversores locales e internacionales, contempla la venta de la participación que Enarsa posee en Citelec, sociedad que controla la red nacional de transmisión eléctrica.

Actualmente, el Estado mantiene una participación indirecta del 26,32% en Transener a través de Enarsa, que comparte el control de Citelec con Pampa Energía, fundada por Marcelo Mindlin. El esquema se completa con acciones en manos de la Anses y del mercado.

Transener opera más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión y, junto a sus controladas, cubre cerca del 85% de la red eléctrica del país. La venta de la participación estatal busca atraer inversiones, garantizar la continuidad del servicio y generar ingresos para el Tesoro.

En ese sentido, el Ejecutivo ya avanzó con la venta de represas hidroeléctricas en la región del Comahue por unos 700 millones de dólares, una operación que permitió reforzar reservas en un contexto de exigencias financieras.

Con estas medidas, el Gobierno profundiza su hoja de ruta: achicar la presencia estatal en sectores estratégicos y abrir paso a una mayor participación del capital privado en la matriz energética argentina.